NACIONAL.- La senadora Virginia Magaña expresó su respaldo a la iniciativa para expedir la Ley General de Feminicidio, al advertir que entidades como Guanajuato enfrentan una grave brecha entre la violencia contra las mujeres y la respuesta institucional.
Durante su posicionamiento en el Senado, la legisladora señaló que la entidad mantiene cifras alarmantes.
“En 2025, Guanajuato encabezó las muertes violentas de mujeres, pero apenas el 1.6% se tipificó como feminicidio. En 2026 seguimos en los primeros lugares, pero solo alrededor del 1% se investiga como tal. Esto es impunidad sistematizada”, afirmó.
Magaña subrayó que el problema no es reciente, sino resultado de años de omisiones en la forma en que se investigan estos casos. “Cuando el delito no se nombra correctamente, la investigación falla. Y cuando la investigación falla, la justicia no llega”, enfatizó.
En este contexto, respaldó la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual busca establecer criterios homogéneos en todo el país para investigar los feminicidios con perspectiva de género.
La propuesta, aprobada por unanimidad, plantea la creación de una Ley General que permita eliminar la discrecionalidad en la clasificación de los casos y garantizar un estándar nacional.
Entre sus principales alcances destacan:
- Investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio desde el inicio.
- Establecer sanciones de hasta 70 años de prisión.
- Fortalecer fiscalías especializadas y la coordinación entre niveles de gobierno.
- Colocar al centro a las víctimas y sus familias.
- Crear registros nacionales para mejorar las políticas públicas.
La senadora afirmó que esta iniciativa responde a una demanda histórica de justicia para las mujeres en México. “No nace en el vacío, es resultado de décadas de lucha feminista y de una deuda del Estado”, señaló.
Finalmente, reiteró el respaldo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, destacando que la reforma busca garantizar que los derechos de las mujeres no dependan de la entidad en la que viven, sino de un marco legal efectivo a nivel nacional.
