NACIONAL.- Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas por su presunta participación en una red dedicada al huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que habría generado pérdidas millonarias para el Estado mexicano.
La resolución fue emitida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien, tras una audiencia que se prolongó por más de un día, determinó que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal en contra del exmandatario y los demás imputados.
Además de Ruffo Appel, fueron vinculados a proceso el empresario Ricardo Thompson Navarro y José Merino Valdés Cuervo, señalados por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
Asimismo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez enfrentarán proceso por delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén fueron vinculados por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Permanecerán en prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la jueza ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa para la mayoría de los imputados.
En consecuencia, Ernesto Ruffo Appel, José Merino Valdés Cuervo, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, considerado uno de los penales de máxima seguridad del país.
Por su parte, Adriana Magali Bárcenas Guillén continuará su proceso en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, mientras que José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán bajo prisión domiciliaria, debido a problemas de salud.
Investigación por presunto contrabando de combustibles.
De acuerdo con la FGR, los ocho imputados formarían parte de una estructura dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos al país mediante un esquema conocido como huachicol fiscal.
Según la investigación, el combustible ingresaba a territorio nacional mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras, lo que permitía evadir el pago de impuestos y ocultar la verdadera cantidad o naturaleza de los productos importados.
La Fiscalía explicó que, en algunos casos, se reportaban volúmenes menores a los realmente transportados o el combustible era declarado como otro tipo de mercancía para evitar el cumplimiento de obligaciones fiscales.
“Se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos. Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales”, señaló la FGR.
Audiencias se realizaron a puerta cerrada.
Los ocho imputados fueron detenidos la semana pasada por elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
Las audiencias judiciales se llevaron a cabo sin acceso al público ni a medios de comunicación, luego de que la Fiscalía solicitara que el proceso se desarrollara a puerta cerrada.
La decisión fue cuestionada por la defensa de algunos de los acusados, que manifestó su interés en que las diligencias fueran públicas para garantizar mayor transparencia durante el proceso.
Con la vinculación a proceso, la Fiscalía continuará reuniendo pruebas para sustentar las acusaciones, mientras que la defensa tendrá oportunidad de presentar los elementos que considere pertinentes ante la autoridad judicial.
Cabe recordar que, conforme al principio de presunción de inocencia, todas las personas vinculadas a proceso deberán ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por un juez.
