INTERNACIONAL.- El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald J. Trump, revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, como parte de una ofensiva directa contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos, confirmaron a Reuters dos funcionarios mexicanos con conocimiento del caso.
La medida, que afecta tanto a integrantes del partido gobernante Morena como a figuras de otras fuerzas políticas, representa una de las acciones diplomáticas más amplias y agresivas emprendidas por Washington hacia México en los últimos años.
Una acción sin precedentes.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la decisión forma parte de una estrategia ampliada de presión de la administración Trump en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
Aunque algunos casos habían trascendido en semanas recientes, la magnitud real (más de medio centenar de revocaciones) revela una ofensiva sin precedentes.
“La administración Trump está explorando formas innovadoras de intensificar la presión sobre México”, declaró Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015, quien confirmó que nunca antes se había aplicado una medida de esta magnitud.
Tres exembajadores estadounidenses coincidieron en que administraciones anteriores habían revocado visas de manera selectiva, pero nunca a tal escala ni enfocadas en funcionarios activos.
Morena, el partido más afectado.
Una de las fuentes mexicanas detalló que más de 50 miembros de Morena (entre legisladores, funcionarios federales y estatales) perdieron sus visas, junto con decenas de políticos de oposición.
Por la sensibilidad del asunto, ambas fuentes solicitaron mantener el anonimato, y Reuters no ha podido verificar los nombres de todos los afectados.
Hasta el momento, solo cuatro funcionarios han confirmado públicamente la cancelación, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien negó categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado.
La revocación ha generado una conmoción discreta en la élite política mexicana, acostumbrada a mantener una estrecha relación personal y económica con Estados Unidos, país que no está obligado a justificar legalmente este tipo de decisiones.
“Actividades contrarias al interés nacional”.
Un alto funcionario del Departamento de Estado, consultado por Reuters, explicó que las visas (incluso las de funcionarios extranjeros) pueden revocarse en cualquier momento si el gobierno estadounidense considera que existen “actividades contrarias al interés nacional”.
“La administración Trump mantiene una relación de trabajo productiva con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y esperamos avanzar en nuestra agenda bilateral bajo el principio de ‘América Primero’”, añadió el funcionario en su respuesta oficial.
Hasta el cierre de esta edición, ni la Presidencia de México ni la Secretaría de Relaciones Exteriores habían emitido postura alguna sobre el tema.
Presión política y precedente diplomático.
La revocación masiva de visas a políticos mexicanos marca un cambio de tono en la relación bilateral, al convertir las herramientas diplomáticas en instrumentos de presión política y de control.
Expertos señalan que, aunque la medida no implica sanciones ni procesos judiciales, sí envía un mensaje de desconfianza hacia las instituciones mexicanas y coloca a la nueva administración federal en una posición incómoda frente a Washington.
Esta táctica no se limita a México. Según Reuters, el gobierno de Trump también ha revocado visas a figuras políticas de otros países latinoamericanos, particularmente en aquellos casos donde identifica vínculos con el narcotráfico o con gobiernos ideológicamente opuestos a su línea política.
Con esta maniobra, la Casa Blanca extiende su política de “tolerancia cero” más allá de las fronteras, elevando la tensión diplomática y reconfigurando el tablero de poder regional.
