YURIRIA.- Durante la sesión ordinaria número 47 del Ayuntamiento de Yuriria, se abordó un tema que generó diversas interpretaciones entre los asistentes y en la opinión pública, relacionado con la auditoría de cumplimiento número 1062, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la información expuesta en la sesión, esta revisión forma parte de la “Auditoría Integral a recursos del gasto federalizado, incluidas las participaciones federales en municipios”, un proceso que se aplica a todos los municipios del país con el objetivo de verificar que los recursos federales se hayan ejercido conforme a lo establecido por la ley.
En el caso de Yuriria, la auditoría revisa el ejercicio de los recursos federales correspondientes al año 2024, es decir, de enero a diciembre de ese año. Según se explicó, la ASF toma como referencia una muestra de operaciones para su análisis; en este caso se mencionó un monto de 245 mil 192.3 pesos, correspondiente a operaciones seleccionadas dentro del universo revisado, y no al total del presupuesto federalizado del municipio.
Durante la discusión también se recordó que la administración municipal 2021-2024, encabezada por Ma. de los Ángeles López, fue la encargada de ejercer estos recursos durante la mayor parte del periodo auditado, específicamente de enero a octubre de 2024.
Uno de los puntos que generó dudas fue una mención dentro del informe de resultados individual, donde se señala que el municipio no habría proporcionado información ni registros contables. Al respecto, durante la sesión se informó que el Ayuntamiento actual cuenta con acuses de recibo que acreditan el envío de la documentación solicitada a la ASF, realizados en noviembre y diciembre, situación que fue expuesta por la presidenta municipal.
Las autoridades municipales señalaron que el proceso aún no concluye, por lo que será necesario esperar la notificación formal del informe de resultados por parte de la Auditoría Superior de la Federación, instancia que determinará en su momento las observaciones correspondientes, en caso de existir.
El procedimiento se realiza con base en lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que regula los procesos de revisión y seguimiento a los recursos públicos federales ejercidos por estados y municipios.
