NACIONAL.- La senadora Virginia Magaña, conocida como “Kikis”, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de proteger a las personas trabajadoras víctimas de violencia doméstica, garantizando que no pierdan su empleo ante situaciones que afectan su seguridad, dignidad y autonomía.
La propuesta busca establecer medidas claras que aseguren la permanencia laboral, eviten la discriminación y promuevan condiciones dignas dentro de los centros de trabajo, en concordancia con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México en 2022.
“Para muchas mujeres, su empleo no es solo una fuente de ingreso: es el último hilo que las conecta con la posibilidad de salir de un entorno de violencia. Esa posibilidad no puede quedar desprotegida”, expresó la legisladora.
Entre los puntos centrales de la iniciativa destaca la prohibición expresa de despedir, sancionar o discriminar a personas trabajadoras por ser víctimas de violencia doméstica, siempre que dicha condición esté debidamente acreditada.
Asimismo, plantea nuevas obligaciones para empleadores, como:
- Proporcionar información accesible sobre la violencia doméstica y su impacto en el entorno laboral
- Difundir servicios de atención, protección y denuncia
- Garantizar confidencialidad y evitar la revictimización
Además, contempla medidas como la flexibilización temporal de la jornada laboral y mecanismos de apoyo dentro de los centros de trabajo.
La iniciativa se sustenta en cifras que reflejan la magnitud del problema. A nivel nacional, cerca del 40% de las mujeres ha vivido violencia de pareja, mientras que más del 63% de estos casos ocurre en el hogar.
En Guanajuato, más del 10% de las mujeres mayores de 15 años reportó haber sufrido violencia familiar en el último año, lo que evidencia la necesidad de acciones concretas desde distintos ámbitos, incluido el laboral.
“La pérdida del empleo, en un contexto de violencia, no es solo económica: implica perder autonomía y la posibilidad de salir del ciclo”, subrayó Magaña.
La propuesta también establece que las personas trabajadoras podrán solicitar medidas de protección laboral de manera confidencial, acreditando su situación mediante documentos de autoridades, instituciones de salud o instancias de apoyo, sin necesidad de una resolución judicial definitiva.
Finalmente, la senadora destacó que esta reforma busca fortalecer la independencia económica de las víctimas, así como avanzar hacia espacios laborales libres de violencia, con perspectiva de género, igualdad y justicia social.
