INTERNACIONAL.- La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó por unanimidad el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada en 2022 por irregularidades en la adjudicación de obras viales durante su mandato.
La decisión, tomada por los tres jueces del máximo tribunal, fue celebrada por amplios sectores de la sociedad y por el presidente Javier Milei, quien calificó el fallo como “justicia” y declaró que “la república funciona”. En redes sociales, ciudadanos argentinos también expresaron su respaldo a la resolución, considerándola un acto de reparación frente a años de impunidad.
“Justicia. Fin. PD: La república funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad”, escribió Milei en su cuenta de X (antes Twitter), aludiendo a quienes habían denunciado un supuesto acuerdo entre su gobierno y el kirchnerismo para evitar consecuencias judiciales.
Justicia.
Fin.
PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad.
— Javier Milei (@JMilei) June 10, 2025La condena contra la exmandataria, que también fue vicepresidenta entre 2019 y 2023, se basa en la asignación irregular de contratos millonarios a un empresario allegado durante sus gobiernos, lo que derivó en un daño multimillonario al erario público.
Fernández, por su parte, sostiene que es víctima de “lawfare”, una persecución política disfrazada de proceso judicial, y ha criticado duramente tanto al Poder Judicial como al gobierno de Milei. Su defensa aún podría solicitar la prisión domiciliaria, dado que la exmandataria supera los 70 años, un beneficio previsto por la legislación argentina.
El tribunal oral que dictó la sentencia en 2022 deberá ahora decidir cuándo y cómo se procederá con su detención. Esta resolución pone fin a uno de los casos más emblemáticos de corrupción política en la historia reciente de Argentina y marca un giro en el equilibrio de poder, cerrando las puertas a cualquier aspiración política futura de Fernández, quien tenía la intención de competir por una banca en la legislatura bonaerense.
