NACIONAL.- El diputado morenista Arturo Federico Ávila Anaya anunció el retiro de su controvertida iniciativa para reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, apenas unas semanas después de haberla presentado en octubre.
La propuesta, que pretendía regular el uso de medios digitales por parte de asociaciones religiosas, buscaba (según el legislador) “adaptar la legislación a los cambios tecnológicos y sociales”, estableciendo lineamientos para prevenir el discurso de odio y el proselitismo político desde espacios digitales.
Sin embargo, detrás de ese discurso de modernización, la iniciativa levantó fuertes críticas desde distintos sectores religiosos y políticos que la consideraron un intento de control estatal sobre la fe y la expresión religiosa.
El diputado morenista Arturo Federico Ávila Anaya anunció el retiro de su controvertida iniciativa para reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, apenas unas semanas después de haberla presentado en octubre.
La propuesta, que pretendía regular el uso de medios digitales por parte de asociaciones religiosas, buscaba (según el legislador) “adaptar la legislación a los cambios tecnológicos y sociales”, estableciendo lineamientos para prevenir el discurso de odio y el proselitismo político desde espacios digitales.
Sin embargo, detrás de ese discurso de modernización, la iniciativa levantó fuertes críticas desde distintos sectores religiosos y políticos que la consideraron un intento de control estatal sobre la fe y la expresión religiosa.
Tras reunirse con representantes de ocho asociaciones religiosas, Ávila Anaya anunció que retiraba su iniciativa, argumentando la necesidad de un “debate más amplio y consensuado” para fortalecer el Estado laico.
Sin embargo, su decisión ha sido vista como un intento por desactivar el costo político de una propuesta que fue mal recibida incluso dentro de su propio partido.
El episodio evidencia la tendencia de ciertos sectores del oficialismo a coquetear con mecanismos de regulación que rozan la censura, disfrazados de “modernización digital” o “prevención del odio”.
La retirada de la iniciativa no borra la inquietud que despertó: ¿hasta dónde pretende llegar el gobierno federal en su afán por controlar la conversación pública?
El intento de supervisar el contenido religioso en internet sienta un precedente peligroso para la libertad de expresión y de culto, pilares de cualquier democracia.
Arturo Ávila reculó, sí, pero lo hizo solo después de que la presión social y política lo obligó a hacerlo.
Y aunque el diputado intente presentarlo como un gesto de diálogo, lo cierto es que su iniciativa deja claro que la tentación de controlar también lo espiritual sigue viva en la política mexicana.
