MICHOACÁN.- El país vuelve a estremecerse ante un crimen que refleja la podredumbre institucional y la impunidad que devora a regiones enteras. Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado brutalmente tras haber denunciado en repetidas ocasiones las extorsiones sistemáticas contra los productores de limón en Tierra Caliente.
Su cuerpo fue encontrado dentro de su vehículo, con signos evidentes de violencia, en el camino a la comunidad de Los Tepetates. Así terminó la vida de un hombre que se atrevió a señalar lo que todos saben y pocos se atreven a decir: que el campo michoacano está secuestrado por el crimen organizado, mientras las autoridades miran hacia otro lado.
Bravo no solo representaba a un gremio productivo; era la voz de cientos de agricultores obligados a pagar cuotas a grupos criminales bajo amenaza de muerte. Desde el Tianguis Limonero, que él mismo organizaba, denunció una y otra vez que la extorsión, la violencia y la indiferencia gubernamental estaban asfixiando al corazón agrícola de México. Hoy, sus denuncias resuenan como un eco trágico de advertencia.
En Michoacán (donde operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, ambos designados como organizaciones terroristas extranjeras por Estados Unidos), los productores viven en un clima de terror normalizado, extorsionados y abandonados por un Estado incapaz de protegerlos.
El asesinato de Bravo es más que un crimen: es un símbolo del colapso del Estado mexicano en sus regiones rurales, donde los criminales imponen leyes, cobran impuestos y deciden quién vive o muere.
Mientras los gobiernos prometen “paz” en conferencias matutinas, en el campo se siembran cuerpos junto al fruto que debería alimentar al país.
Michoacán no necesita más discursos: necesita justicia real, seguridad y un gobierno que, al menos una vez, defienda a quienes producen en lugar de abandonarles a su suerte.
