NACIONAL.- La administración de Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), enfrenta nuevos cuestionamientos por presuntos conflictos de interés en la contratación de empresas proveedoras de material electoral, luego de revelarse vínculos entre colaboradores cercanos a la funcionaria y compañías beneficiadas con contratos millonarios.
La controversia surgió a partir de una investigación publicada por el periódico Reforma, según la cual Jonathan Navarrete Torres, empleado del INE como chofer de Taddei, figura desde junio de 2023 como apoderado legal para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, una de las empresas proveedoras del organismo electoral.
De acuerdo con el reportaje, Navarrete, quien percibe un salario mensual de 45 mil 765 pesos, omitió mencionar esa representación legal en su declaración patrimonial presentada en junio de 2026.
La posible omisión abre interrogantes sobre los mecanismos de vigilancia interna del Instituto y sobre la capacidad de su presidencia para detectar situaciones que pudieran comprometer la imparcialidad de las contrataciones públicas.
Contratos por 197 millones de pesos bajo cuestionamiento.
La investigación periodística señala que Corporativo Zeg y Cajas Graf, empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, obtuvieron en enero de 2025 un contrato por 197 millones de pesos para suministrar materiales destinados a la elección judicial.
Según la información publicada, ambas compañías habían enfrentado actuaciones de autoridades federales, entre ellas el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en 2024, revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y una investigación de la autoridad de competencia económica por posibles prácticas monopólicas.
Estos antecedentes no constituyen, por sí mismos, una prueba de irregularidades en el contrato del INE. Sin embargo, hacen especialmente relevante conocer qué verificaciones realizó el Instituto antes de adjudicar recursos públicos de esa magnitud.
Los vínculos señalados tampoco se limitarían al chofer de Taddei. Jesús Octavio García González, quien posteriormente ocupó la Dirección Ejecutiva de Administración del INE hasta abril de 2026, también habría fungido como representante legal de las empresas en 2023.
El reportaje añade que estas compañías obtuvieron contratos en organismos electorales locales de Sonora, Oaxaca y Chihuahua durante administraciones encabezadas por Taddei y personas que posteriormente colaboraron con ella.
La reiteración de estos vínculos merece una revisión documental independiente para determinar si existieron conflictos de interés, omisiones o ventajas indebidas en los procedimientos de contratación.
Taddei ordena investigar, pero se deslinda de las verificaciones.
Ante los señalamientos, Guadalupe Taddei anunció que el caso fue turnado al Órgano Interno de Control (OIC), instancia encargada de revisar posibles omisiones o falsedades en las declaraciones patrimoniales y determinar las responsabilidades correspondientes.
La consejera presidenta sostuvo que no le corresponde investigar personalmente si sus colaboradores o excolaboradores mintieron en sus declaraciones, pues esa función compete a las autoridades facultadas para ello.
También aseguró que el INE proporcionará la documentación requerida sin interferir en las investigaciones y adelantó que solicitará la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para revisar los contratos cuestionados.
