CIUDAD DE MÉXICO.- Eran las 13:14 horas del 19 de septiembre de 2017 cuando un sismo de magnitud 7.1 sacudió la capital mexicana. Apenas dos horas antes, el Colegio Enrique Rébsamen, en Villa Coapa, había realizado un simulacro conmemorativo del terremoto de 1985. Minutos después, la realidad superó al ejercicio: el edificio colapsó y con él se apagaron 26 vidas, 19 de ellas de menores de edad.
Los nombres de Pao, Valentina, Paquito, Gus, Daniela, Óscar, Diego, Fernanda, Eduardo, Alexandra y muchos otros quedaron marcados en la memoria colectiva. La tragedia se convirtió en símbolo de duelo, pero también de indignación: ¿cómo un colegio en funcionamiento podía derrumbarse de esa manera?
Rescate en medio del caos.
Padres de familia, vecinos y voluntarios improvisaron brigadas de rescate. Con manos, palas, cubetas y maquinaria prestada, comenzaron a remover los escombros en busca de los niños atrapados. El país entero se paralizó siguiendo la cobertura televisiva del desastre, que pronto derivó en una de las polémicas más recordadas: el caso inexistente de “Frida Sofía”, la supuesta menor que mantenía viva la esperanza de encontrar sobrevivientes.

El mito, alimentado por filtraciones y desinformación oficial, evidenció la falta de coordinación entre autoridades y medios. Mientras los rescatistas luchaban por salvar vidas, la opinión pública fue víctima de una narrativa fabricada.
La corrupción como causa.
Las investigaciones posteriores revelaron lo que muchos sospechaban: el colapso no fue solo producto de la naturaleza, sino también de la corrupción y negligencia institucional.
La directora y dueña del colegio, Mónica García Villegas, construyó ilegalmente un piso habitacional sobre el inmueble escolar, sobrecargando la estructura con más de 230 toneladas que los cimientos no soportaron. Por este hecho, recibió una condena de más de 30 años de cárcel por homicidio culposo.
Pero ella no fue la única. Varios Directores Responsables de Obra (DRO) otorgaron certificaciones de seguridad y avalaron la construcción irregular de departamentos con lujos como un jacuzzi en la parte superior del colegio. Entre ellos, Juan Mario Velarde Gámez fue sentenciado por homicidio doloso.
Las omisiones alcanzaron también a instancias públicas: la entonces Delegación Tlalpan, encabezada por Claudia Sheinbaum; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI); el Instituto para la Seguridad de las Construcciones del DF, y la Secretaría de Educación Pública (SEP). Todas permitieron el funcionamiento de un plantel que no cumplía las condiciones mínimas de seguridad.
De la impunidad al memorial.
En 2023, la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció una disculpa pública y inauguró un memorial en la Alameda del Sur para recordar a las 26 víctimas. Sin embargo, para familiares y expertos, el homenaje no borra la herida ni sustituye la rendición de cuentas de fondo: la corrupción mata, y el Rébsamen fue prueba dolorosa de ello.

Hoy, a ocho años de la tragedia, la exigencia sigue vigente: que la memoria de los niños y adultos que murieron no quede reducida a un monumento, sino que se traduzca en justicia, prevención y un verdadero combate a la corrupción que sigue costando vidas en México.
Fuente: OEM – La Prensa: “Sismo 19S 2017. Colegio Rébsamen, de la corrupción a la tragedia”.