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El chantaje como pensión: diputado de Morena condiciona manutención de su hija a una disculpa pública.

Redacción Región Sur Gto
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NACIONAL.- El caso del diputado federal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, ha dejado al descubierto no solo una preocupante conducta de evasión legal, sino una alarmante muestra de chantaje y revictimización contra la madre de su hija menor de edad. Como si se tratara de un trueque político-mediático, el legislador condicionó el pago de una pensión mínima a que la madre le ofrezca una disculpa pública en medios de comunicación.

La mujer, identificada como Liz —nombre modificado por temor a represalias— denunció ante Latinus que, durante una audiencia celebrada en Chihuahua, Prieto Gallardo le exigió retractarse de todas sus declaraciones públicas sobre abuso y omisión alimentaria. El diputado alegó que todo se trataba de “mentiras influenciadas por sus opositores políticos”, y colocó sobre la mesa una condición inadmisible: solo pagaría la pensión si ella se disculpaba públicamente, preferentemente en el mismo medio donde denunció los hechos.

“No estoy dispuesta a mentir para comprar lo que por derecho le pertenece a mi hija. Primero muerta antes que retractarme”, declaró valientemente la madre, quien denunció desde febrero pasado haber sido víctima de abuso sexual y violencia económica por parte del legislador morenista.

Ernesto Prieto, lejos de dar respuesta clara ante los señalamientos, optó por la propaganda. En marzo, intentó simular cumplimiento de sus obligaciones al mostrar documentos de depósitos por 39 mil pesos mensuales, realizados únicamente cuando aún era diputado local. Sin embargo, Liz presentó sus estados de cuenta, en los que queda en evidencia que en los últimos diez meses, el diputado ha depositado únicamente 8 mil pesos mensuales, el equivalente al salario mínimo y como si estuviera desempleado —cuando en realidad, cobra como legislador federal desde septiembre de 2024.

Para agravar la situación, el legislador se negó a cubrir la pensión retroactiva, pese a que su hija padece la enfermedad de Hirschsprung, un grave trastorno intestinal que ha requerido tratamiento médico especializado durante más de dos años, sin el apoyo económico del padre.

La violencia no se limita al ámbito económico. En la audiencia judicial, Prieto Gallardo amenazó con solicitar la patria potestad de la menor si una prueba de ADN —programada para el 30 de mayo— confirma su paternidad. Además, arremetió contra la activista Diana Luz Vázquez, promotora de la Ley Sabina, advirtiendo que la demandará por apoyar públicamente a Liz, y anunció su intención de emprender acciones legales contra la madre de su hija si continúa con su denuncia.

Este caso no solo retrata el drama de una mujer que busca justicia para su hija enferma, sino la impunidad con la que operan ciertos personajes del poder. Ernesto Prieto Gallardo no solo ha incumplido sus deberes legales como padre, también ha utilizado su investidura para presionar, chantajear y desviar la atención del fondo del conflicto: una menor que necesita atención, alimento y cuidados médicos urgentes.

Con información de Latinus.

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