INTERNACIONAL.- El cantante mexicano Gerardo Ortiz, conocido por sus narcocorridos, se declaró culpable de participar en una red de transacciones financieras relacionadas con una empresa ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, logró evitar la prisión al colaborar como testigo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) contra su exmánager, José Ángel del Villar, CEO de la firma Del Records.
Según reveló el medio Milenio, que tuvo acceso a documentos judiciales, Ortiz aceptó haber trabajado con una empresa señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavar dinero del CJNG a través de conciertos realizados en México en 2018. Dicha firma es Gallística Diamante y/o Ticket Premier, dirigida por Jesús Pérez Alvear, alias “Chucho Pérez”, quien fue identificado en abril de ese año como operador financiero del grupo criminal.
Durante ese periodo, Gerardo Ortiz ofreció varios conciertos en territorio mexicano, bajo la representación de Del Records y en coordinación con la firma señalada. El FBI asegura que Ortiz y Del Records recibieron alrededor de 1.5 millones de dólares (aproximadamente 30 millones de pesos mexicanos) por dichos eventos.
Aunque el FBI advirtió al cantante sobre los riesgos legales de continuar con las presentaciones, Ortiz confesó haber sido presionado para mantener la gira. En junio de 2022, las autoridades estadounidenses arrestaron a José Ángel del Villar, acusándolo de violar la Ley Kingpin, que prohíbe realizar negocios con organizaciones criminales designadas como amenazas para la seguridad de EE.UU. También fue detenido Luca Scalisi, director financiero de Del Records.
El 10 de abril de 2024, el FBI presentó una acusación formal contra Ortiz. No obstante, debido a su cooperación y testimonio clave contra Del Villar, logró pactar un acuerdo con la fiscalía que le permitirá enfrentar el proceso judicial en libertad, tras pagar una fianza y aceptar su culpabilidad.
Por su parte, José Ángel del Villar enfrenta una posible condena de seis años y medio de prisión y una multa de 300 mil dólares. Su audiencia está programada para el próximo 15 de agosto en una corte federal de California.
