TAMAULIPAS.- Un trágico episodio en la carretera Ciudad Mante–Tampico, Tamaulipas, ha reavivado las críticas sobre el actuar del Ejército Mexicano. La noche del 6 de octubre, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) abrieron fuego contra una camioneta con trabajadores agrícolas, tras confundirlos con presuntos delincuentes. El saldo: seis personas muertas y dos heridas.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, en el kilómetro 71 de la vía, cuando un convoy militar integrado por tres vehículos disparó contra una camioneta particular. La Sedena justificó el ataque señalando que los soldados “se sintieron amenazados” porque el vehículo “intentó embestirlos”. Sin embargo, los testimonios de familiares y pobladores contradicen la versión oficial, asegurando que las víctimas eran jornaleros que regresaban de trabajar.
“Por lo que al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras, hicieron uso de sus armas”, explicó la dependencia en un comunicado, reconociendo que cinco personas murieron en el lugar y una más durante su traslado al hospital.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Justicia Militar ya abrieron carpetas de investigación. Los militares involucrados fueron puestos a disposición de la FGR en Tampico, mientras se determina si hubo uso excesivo de la fuerza.
El caso ha generado indignación social y nuevas críticas al modelo de militarización de la seguridad pública, al considerar que este tipo de incidentes (donde civiles desarmados son víctimas de fuego militar) se han vuelto cada vez más frecuentes.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han exigido una investigación transparente e independiente, señalando que los comunicados oficiales suelen priorizar la defensa institucional sobre la justicia a las víctimas.
Aunque la Sedena reiteró su compromiso con “la legalidad y la política de cero impunidad”, este nuevo episodio vuelve a poner en duda la eficacia y el control de las fuerzas armadas en tareas civiles.
