NACIONAL.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una propuesta inédita que busca castigar penalmente a las mujeres que atribuyan falsamente la paternidad de un menor a un hombre que no sea su padre biológico, con la intención de obtener beneficios económicos.
La iniciativa fue presentada por el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, y propone la adición del artículo 390 Ter al Código Penal Federal. De acuerdo con el texto, este tipo de engaño sería considerado un delito y tendría las siguientes sanciones:
- Prisión de uno a cinco años.
- Multas de entre 100 y 1,000 días de salario mínimo (entre $27,880 y $278,800 pesos, aproximadamente).
- Reembolso de pensiones alimenticias pagadas por el hombre afectado.
- Reparación del daño económico causado.
¿Qué conductas serían castigadas?
La propuesta contempla dos situaciones específicas:
- Registrar o intentar registrar a un niño atribuándole falsamente la paternidad a un hombre que no es su padre biológico.
- Utilizar la existencia de un menor para obtener bienes o dinero de forma engañosa, en perjuicio de otra persona.
El diputado Núñez explicó que su propuesta se basa en un estudio británico que indica que 1 de cada 50 hombres ha sido víctima de una falsa paternidad, es decir, han criado a hijos que no son suyos sin saberlo. En ese sentido, considera que esta práctica representa una forma de abuso y fraude, que debe ser atendida por la ley para proteger también los derechos de los hombres y del menor involucrado.
Un debate encendido.
Desde que se dio a conocer, la iniciativa ha generado un amplio debate en redes sociales y en el ámbito legislativo. Algunos la ven como un avance en la protección de los derechos de los hombres, especialmente en temas de paternidad y patrimonio.
Sin embargo, otros señalan riesgos importantes, como la posibilidad de criminalizar injustamente a mujeres o personas gestantes, especialmente en un sistema de justicia que muchas veces no garantiza procesos imparciales. También se advierte sobre las consecuencias legales en casos legítimos de disputas de identidad o filiación.
Las críticas se enfocan en que llevar estos casos al ámbito penal podría complicar aún más los conflictos familiares, y que quizás sería más adecuado resolverlos mediante mecanismos civiles o familiares, en lugar de castigar con cárcel.
Por ahora, la propuesta continúa en análisis, pero ya ha puesto sobre la mesa un tema delicado y complejo, que toca aspectos legales, morales y emocionales para todas las partes involucradas.
