NACIONAL.- En una jornada legislativa de más de siete horas, el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Amparo con 76 votos a favor y 39 en contra. Aunque el dictamen incluyó al menos 15 modificaciones respecto a la propuesta original, la aprobación de una reserva de último momento encendió las críticas de la oposición, que acusó al bloque oficialista de violentar la Constitución.
La controversia gira en torno a que la reserva establece que los amparos ya en trámite deberán continuar bajo las reglas de la nueva ley. Para la oposición, esto constituye una aplicación retroactiva prohibida por el Artículo 14 Constitucional, que garantiza que ninguna ley puede aplicarse en perjuicio de persona alguna de forma retroactiva.
Argumentos enfrentados.
El senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien presentó la reserva, aseguró que no existe retroactividad porque no se afectan derechos adquiridos, sino que se “precisa la naturaleza jurídica” del juicio de amparo.
Sin embargo, senadoras de oposición como Alejandra Barrales (MC) y Carolina Viggiano (PRI) señalaron que con esta modificación se pretende aplicar nuevas reglas a más de 700 mil casos en trámite, lo que constituye una violación expresa a la Constitución.
“La ilegalidad no está solo en el proceso, sino en la retroactividad que le quieren aplicar (…) ahora pretenden disfrazarlo como un beneficio al pueblo, pero en realidad es un atentado contra los derechos fundamentales”, afirmó Viggiano.
Cambios relevantes en la reforma.
Además de la polémica reserva, la reforma aprobada contempla:
- Reconocimiento del interés legítimo colectivo en el artículo 5.
- Ampliación de plazos procesales, como los 90 días para dictar sentencia y cinco días para exhibir garantía en suspensiones.
- Mantener sanciones a servidores públicos que incumplan sentencias de amparo.
Críticas y preocupaciones.
Organizaciones de la sociedad civil y especialistas han advertido que, más allá de los ajustes técnicos, la reserva abre la puerta a un precedente grave: la posibilidad de que reformas legales afecten procesos ya iniciados, debilitando la certeza jurídica.
Con ello, la reforma no solo ha generado polémica en el Senado, sino que también reaviva el debate sobre el equilibrio de poderes y el respeto a la Constitución. La iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y votación.