NACIONAL.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra exfuncionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señalados por presuntamente haber integrado una red de extorsión a empresarios gasolineros en todo el país, en presunta alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos.
De acuerdo con información revelada por La Silla Rota, la indagatoria (registrada bajo la carpeta FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024) involucra a los ex titulares de la dependencia, Ricardo Sheffield, actual senador por Morena, y David Aguilar Romero, además de al menos una veintena de colaboradores divididos en los grupos denominados “Guanajuatenses” y “Grupo Monterrey”.
Según la investigación, la red criminal exigía pagos ilegales, conocidos como “vacunas”, a más de seis mil estaciones de servicio en distintas regiones del país. A cambio, los empresarios obtenían protección frente al crimen organizado o la omisión de sanciones administrativas impuestas por la propia Profeco.
Testimonios clave y nexos con el crimen organizado.
En febrero de 2025, un exfuncionario identificado como “Pablo” declaró ante la autoridad ministerial y aportó información clave sobre el modus operandi. De acuerdo con su testimonio, dentro de la Profeco se implementó un sistema de cobro que operaba en coordinación con organizaciones criminales.
El exfuncionario Sergio Arturo Iturbe habría pactado acuerdos con Guerreros Unidos para mover los fondos en Guerrero, mientras que Talía del Carmen Vázquez Alatorre, ex subprocuradora de Verificaciones y actual diputada federal, habría facilitado protección al grupo criminal a cambio de recursos.
Por su parte, el Cártel Santa Rosa de Lima estaría encargado de la logística y cobro de pagos en coordinación con Ricardo de la Peña Gutiérrez, ex coordinador general de Administración en Profeco.
Las cuotas en el Valle de México se habrían fijado entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales por gasolinera, sumas que eran registradas en hojas de cálculo y presuntamente remitidas a los titulares de la dependencia.
Evidencias en poder de la FGR.
La investigación ministerial incluye capturas de pantalla de conversaciones entre “Pablo” y David Aguilar Romero sobre listas de gasolineras que habían cumplido con los pagos, así como referencias a reuniones entre Aguilar Romero, De la Peña Gutiérrez y Sheffield, en las que se coordinaba la distribución de recursos ilícitos incluso durante procesos electorales.
La FGR también entrevistó a empleados de gasolineras en la Ciudad y el Estado de México, quienes confirmaron la existencia de personas dedicadas a intimidar y recolectar dinero bajo amenazas del crimen organizado.
Sheffield niega acusaciones.
Tras la publicación del caso, Ricardo Sheffield negó tener conocimiento de la investigación en su contra y rechazó haber participado en estas prácticas. Señaló que el programa “Quién es quién en los combustibles” (implementado en la administración de Andrés Manuel López Obrador) se diseñó para garantizar la transparencia de precios en el mercado energético.
Dicho programa, que continúa vigente, compara costos de gasolina y diésel por marca y región con base en los reportes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Además, expone semanalmente a las estaciones con precios más altos o con irregularidades detectadas en verificaciones.
El caso pone bajo la lupa a la Profeco y a la relación de sus exfuncionarios con estructuras del crimen organizado, en un esquema de corrupción que habría permitido a los cárteles obtener recursos millonarios mientras los consumidores enfrentaban un mercado manipulado.
La investigación sigue en curso bajo la conducción de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
