INTERNACIONAL.- El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, compareció este lunes ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde la jueza Katherine Polk Failla aseguró que existe una cantidad “abundante” de evidencia en su contra dentro del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos.
La audiencia, que duró menos de 20 minutos, estuvo enfocada en aspectos procesales y en el inicio formal del caso. Durante la sesión, la jueza fijó una nueva comparecencia para el próximo 4 de agosto.
Mérida Sánchez llegó a la sala esposado de manos y pies, luego de haber sido trasladado a Nueva York el pasado 15 de mayo. Días antes, el exfuncionario se había entregado voluntariamente a las autoridades estadounidenses.
Durante la audiencia, Katherine Polk Failla destacó la magnitud de la investigación y señaló que la evidencia reunida por la fiscalía es considerable. También indicó que el caso involucra a varios acusados y que estos están compareciendo ante la justicia estadounidense de manera escalonada.
El exsecretario es el primero de los diez funcionarios sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en presentarse ante una corte federal.
Las autoridades estadounidenses lo acusan de haber recibido presuntos sobornos de la facción criminal conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación, Mérida Sánchez habría recibido pagos de hasta 100 mil dólares mensuales a cambio de proporcionar información privilegiada sobre operativos de las fuerzas federales.
Como parte del proceso, la fiscalía deberá presentar las mociones relacionadas con las pruebas que sustentan la acusación. La jueza recordó al exfuncionario que tendrá acceso a la evidencia presentada por el gobierno estadounidense para analizarla junto con su defensa.
Entre las opciones legales que enfrenta se encuentra la posibilidad de alcanzar un acuerdo con las autoridades, declararse culpable y colaborar con la investigación a cambio de posibles beneficios judiciales.
El caso forma parte de una amplia investigación de las autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos entre funcionarios públicos de Sinaloa y organizaciones del narcotráfico, una indagatoria que podría derivar en nuevas comparecencias y procesos judiciales en los próximos meses.
