SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO.– Lo que inicialmente fue presentado como uno de los mayores golpes contra el robo y comercio ilegal de combustibles en Guanajuato enfrenta ahora serios cuestionamientos: hasta el momento, públicamente no se ha acreditado que los más de 59 millones de litros de hidrocarburos localizados en una terminal de San José Iturbide sean de procedencia ilícita.
El operativo fue difundido el 17 de septiembre por autoridades como un importante aseguramiento contra el huachicol. La intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) derivó en la revisión de una terminal vinculada a Grupo SIMSA, donde se reportaron 59 millones 36 mil 870 litros de combustible distribuidos en 10 tanques, además de vehículos y documentación.
Sin embargo, la información conocida posteriormente ha puesto en entredicho la narrativa inicial del operativo: la terminal cuenta con permisos para almacenar petrolíferos, el combustible pertenece a terceros y especialistas señalan que el volumen encontrado, por sí mismo, no demuestra que se trate de huachicol.
Operativo ocurrió días antes de ser anunciado.
Otro elemento que ha generado cuestionamientos es la fecha de la intervención. Aunque el caso se hizo público el 17 de septiembre, fuentes consultadas por medios nacionales ubican el cateo alrededor del 4 de septiembre. La terminal posteriormente retomó sus operaciones; el especialista energético Gonzalo Monroy señaló que permaneció cerrada entre el 4 y el 10 de septiembre.
Además, hasta ahora no se han reportado públicamente personas detenidas como responsables del supuesto almacenamiento ilícito en esa terminal.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la investigación se originó desde el 3 de julio, después de la detención de una pipa que permitió obtener información que condujo hasta el predio de San José Iturbide.
SIMSA: la terminal almacena combustible de otras empresas.
Grupo SIMSA salió al paso de los señalamientos y aseguró que la operación de su terminal es legal y que la compañía no es propietaria de los hidrocarburos almacenados.
La empresa sostiene que Gas Natural del Noreste únicamente presta servicios de recepción y almacenamiento de petrolíferos pertenecientes a compañías usuarias, las cuales deben acreditar la propiedad, procedencia y calidad de sus productos. También afirma contar desde hace nueve años con un permiso federal de almacenamiento y con las autorizaciones correspondientes.
SIMSA informó además que puso a disposición de las autoridades la documentación relacionada con sus operaciones y relaciones comerciales.
Especialistas cuestionan que pueda llamarse “huachicol”.
El especialista en energía Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, cuestionó la actuación de las autoridades y explicó que existe una diferencia fundamental entre tener combustible bajo resguardo y ser propietario o importador del mismo.
Según el especialista, la terminal funciona como infraestructura de almacenamiento y distribución, por lo que los permisos relacionados con la importación deben corresponder a las compañías propietarias del producto y no necesariamente al operador de las instalaciones.
Monroy y el analista Arnoldo Cuéllar han señalado que los millones de litros encontrados forman parte de inventarios almacenados para otras compañías y que el volumen localizado no constituye por sí mismo evidencia de contrabando o robo de combustible.
La instalación tiene capacidad aproximada para 630 mil barriles, cerca de 100 millones de litros, por lo que almacenar 59 millones tampoco resulta, por sí solo, anómalo para una terminal de esas dimensiones.
Del “decomiso histórico” a las preguntas sin resolver.
El caso deja una diferencia sustancial entre el anuncio inicial y lo que hasta ahora se ha podido acreditar públicamente. Mientras las autoridades hablaron de un importante golpe contra el huachicol, la empresa exhibe permisos y niega cualquier irregularidad, mientras especialistas del sector energético cuestionan que el combustible pueda ser catalogado como ilegal con la información disponible.
Eso no significa que la investigación de la FGR haya concluido ni que esté descartada alguna irregularidad. El origen y la propiedad concreta de los diferentes volúmenes permanecen sujetos a investigación, por lo que corresponderá al Ministerio Público acreditar, mediante documentación y peritajes, si existió algún delito.
