CAMPECHE.- Alejandro “Alito” Moreno vuelve al centro de la polémica, aunque no por sus habituales enfrentamientos en el Senado, sino porque su nombre quedó ligado a una reforma que ha despertado fuertes críticas en todo el país: la llamada “Ley Alito”.
El pasado 4 de septiembre, con 18 votos a favor y 13 en contra, el Congreso de Campeche aprobó la reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad, una iniciativa impulsada por la gobernadora morenista Layda Sansores. Aunque desde el oficialismo se defendió como una modernización de la norma de 1981, los cambios aprobados han sido calificados por opositores y sectores sociales como una amenaza a los derechos fundamentales de los propietarios.
La nueva legislación otorga al gobierno estatal mayores atribuciones para declarar un predio como de utilidad pública y proceder a su expropiación en plazos muy reducidos. Los dueños de terrenos contarán con apenas cinco días hábiles para responder a la notificación; de no hacerlo, perderán la posesión legal. Además, se eliminan recursos administrativos, dejando como única vía de defensa el juicio de amparo.
Otro punto polémico es la indemnización: a diferencia de la ley federal, que establece un plazo máximo de 45 días para el pago, en Campeche este podrá realizarse en abonos durante diez años. El avalúo se basará en el último precio de compraventa, sin contemplar plusvalía ni mejoras, lo que podría derivar en compensaciones irrisorias.
Aunque el mote “Ley Alito” fue retomado por la oposición para señalar un supuesto uso político de las expropiaciones, surgió de un legislador de Morena. En tribuna, el diputado local Carlos Ucán aseguró que la norma permitiría recuperar terrenos adquiridos por Moreno a precios mínimos (como aquellos comprados a 30 centavos el metro cuadrado) y que hoy concentran propiedades millonarias.
Por su parte, Layda Sansores defendió que la reforma busca detonar el desarrollo económico de Campeche y negó que se trate de una herramienta discrecional. Sin embargo, para Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, la medida refleja un giro autoritario:
“Esa ley grotesca es el rostro autoritario de Morena. Intenta intimidar a los ciudadanos y expropiar sus casas, como en Venezuela”, declaró.
El priista también denunció que la aprobación ocurrió bajo un procedimiento exprés, con apenas ocho días de análisis y sin consulta pública, lo que acrecienta las sospechas sobre la legitimidad del proceso.
La aprobación de la “Ley Alito” abre un debate de fondo sobre el equilibrio entre desarrollo urbano e infraestructura frente a la protección del derecho de propiedad privada. Mientras el oficialismo la presenta como un instrumento técnico, sus críticos alertan que puede convertirse en un mecanismo de presión política y en un precedente riesgoso para el país.
