YURIRIA.- Mientras el gobierno federal presume progreso y “eficiencia hídrica”, en el sur de Guanajuato se prepara un ecocidio anunciado. El Acueducto Solís–León, promovido como una obra de desarrollo para el corredor industrial, amenaza con robarle el agua al campo y dejar morir a la Laguna de Yuriria, uno de los humedales más importantes del país.
La falta total de transparencia ha encendido las alarmas. Agricultores, pescadores, ganaderos y habitantes denuncian que el proyecto se ha impuesto sin estudios ambientales públicos, sin consulta social y con un silencio cómplice de las autoridades estatales y federales.
La obra, impulsada por la SEDENA, pretende entubar el agua de la Presa Solís (fuente que por más de 70 años ha alimentado los campos del Bajío) para enviarla directamente al corredor industrial de León, dejando atrás un desierto social y ecológico.
“Nos dicen que es progreso, pero el progreso de unos pocos significa la sequía de todos los demás”, expresaron pescadores de Yuriria, quienes temen que la laguna “se seque más rápido que nunca”.
Ya comenzaron los derribos de árboles, el bloqueo de canales de riego y la reducción del flujo natural del río Lerma. Los habitantes lo saben: una vez que el agua se entube, no volverá.
El Consejo Técnico de Aguas de Moroleón–Ciénega Prieta A.C. advierte que el proyecto extraerá 119.9 millones de metros cúbicos al año, equivalentes a 3,800 litros por segundo, sin que existan garantías de un caudal ecológico mínimo para preservar los cuerpos de agua y la vida que depende de ellos.
“El impacto positivo será para las grandes ciudades; el negativo, para todos nosotros. Van a despojar al campo y a los ecosistemas que sostienen el Bajío”, denunciaron.
La Laguna de Yuriria, reconocida como sitio Ramsar y Área Natural Protegida, podría convertirse en una víctima más del saqueo hídrico institucionalizado. Sin un caudal ecológico, las aves migratorias desaparecerán, la pesca morirá y los pozos se secarán.
No hay estudios públicos, no hay modelaciones hidrológicas y no hay información clara. Lo único que sí hay es un cronograma: 15 mil millones de pesos, inicio de obras en septiembre de 2025 y una promesa vacía de “beneficio para 1.8 millones de habitantes urbanos”.
Pero el costo real lo pagarán los pueblos: la pérdida del agua, del sustento y de un ecosistema que ha dado vida a la región por siglos.
“Nos quieren vender progreso a cambio de sequía. Si la laguna muere, muere con ella nuestra historia y nuestra tierra”, advirtieron los pescadores.
El Acueducto Solís–León no es un proyecto hidráulico, es una sentencia. Una decisión tomada lejos del pueblo, pensada para alimentar a la industria mientras el campo agoniza.
Si no se actúa ahora, la Laguna de Yuriria podría convertirse en el símbolo del abandono ambiental y social del Bajío: otro ejemplo de cómo el agua en México deja de ser un derecho y se convierte en un negocio.
