PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. – La madrugada del sábado se vivió un hecho que ha desatado indignación en la opinión pública: el regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Raúl Pérez Guzmán, fue esposado y detenido por la policía municipal tras ingresar a las instalaciones de la corporación, en un acto que el propio edil calificó como un “abuso de poder” ordenado por el alcalde panista Roberto García Urbano.
En un video difundido en sus redes sociales, Pérez Guzmán mostró el momento en que un elemento lo esposó, lo acusó de estar “alcoholizado” y lo condujo a los separos, donde permaneció alrededor de tres horas.
“Ni me van a callar, ni me van a asustar y mucho menos me van a silenciar”, sentenció el regidor al salir de los separos pasadas las 3:00 de la mañana.
El trasfondo de la detención.
De acuerdo con su testimonio, el edil acudió a la comandancia poco después de la medianoche del 5 de septiembre, en respuesta a denuncias ciudadanas sobre presuntos abusos cometidos por la policía municipal. Amparado en el Artículo 29 fracción IV, que le otorga la facultad de vigilar el desempeño de las dependencias de la administración pública, solicitó ingresar a las instalaciones para verificar la actuación de los elementos.
Sin embargo, asegura que fue retenido ilegalmente por órdenes directas de la presidencia municipal. Incluso acusó que la instrucción habría provenido de Enriqueta Martínez López, esposa del alcalde, según lo dicho por los propios elementos.
“Hoy me queda claro que la gente no miente. Cada una de las denuncias de abuso de autoridad son ciertas y hoy me tocó vivirlo. No permitiré que intimiden ni a mí ni a mi familia”, declaró.
Un hecho que exhibe la fragilidad institucional.
La detención de un regidor dentro de instalaciones públicas no solo plantea dudas sobre el respeto a la autonomía de los ediles, sino que exhibe un preocupante uso de la fuerza pública para fines políticos. La rapidez con la que se esposó y trasladó a Pérez Guzmán contrasta con la obligación legal de garantizar el derecho de los representantes a vigilar el desempeño de la administración municipal.
La acusación de “estar alcoholizado” se presenta como un argumento débil y sin sustento, más cercano a un intento de desprestigio que a una falta real. Aunado a ello, la ausencia de un procedimiento claro y la admisión de los propios policías de que actuaban por órdenes superiores refuerzan la sospecha de que se trató de un acto de represión política.
El edil responsabilizó directamente al alcalde Roberto García Urbano de lo ocurrido y lo retó a no escudarse en la policía municipal: “Señor presidente, tenga el valor de enfrentar sus acciones. No se esconda detrás del poder ni de sus elementos”, exigió.
Cabe destacar que Héctor Pérez se ha consolidado como un contrapeso importante dentro del Ayuntamiento, lo que podría explicar por qué su papel crítico frente a la actual administración panista haya detonado en una detención con tintes de represalia política.
