La imagen de Arturo Zaldívar como un ministro progresista e independiente se ha derrumbado tras la revelación de #TelevisaLeaks, una filtración masiva de 5 terabytes que expone uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente del Poder Judicial mexicano. De acuerdo con esta investigación, su llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fue el resultado de méritos propios, sino de una compleja operación de manipulación mediática orquestada por la principal televisora del país: Televisa.
Según los documentos filtrados y analizados por Aristegui Noticias, Arturo Zaldívar habría utilizado recursos del Poder Judicial para financiar su propia campaña de imagen y atacar a sus adversarios. Esta operación sucia no fue improvisada: estuvo dirigida por Javier Tejado Dondé, exvicepresidente de Información de Televisa, y apoyada por la empresa Metrics to Index, especializada en estrategias de desinformación y manipulación de redes sociales.
De la televisión a la Corte: una alianza perversa.
La investigación demuestra que desde finales de 2017, el equipo Televisa-Metrics inició la construcción digital de Zaldívar. En esos momentos, sus redes sociales eran irrelevantes en alcance, por lo que diseñaron estrategias para aumentar artificialmente su influencia, utilizando bots, páginas falsas y campañas negras.
El equipo de “Palomar” —nombre interno de la operación— no solo creó y manejó sus plataformas digitales oficiales, sino que también atacó ferozmente a otros ministros que competían por la presidencia de la SCJN, como Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, difundiendo videos, notas falsas y hasta peticiones de renuncia en Change.org.
Las campañas sucias lograron impactos masivos: algunos ataques contra Pérez Dayán alcanzaron hasta un millón de personas en redes sociales, generando miles de reacciones negativas sin que existiera prueba alguna de las acusaciones.
Recursos públicos al servicio de la manipulación.
Más allá de la guerra sucia, la filtración revela un hecho aún más grave: dos funcionarios públicos de la SCJN, Mariana Rocío Franco Rodríguez y Francisco José Rullán Gutiérrez, trabajaron desde las oficinas de Televisa en Chapultepec mientras cobraban su salario en la nómina judicial.
Además, bajo el mandato de Zaldívar, se firmaron contratos millonarios con Metrics to Index. Uno de ellos, adjudicado directamente en 2019 por 47 millones de pesos, tuvo como justificación oficial la “investigación de tendencias digitales”. En realidad, se utilizó para reforzar la imagen de Zaldívar y operar campañas de desprestigio contra quien se percibiera como un obstáculo para su proyecto.
Un segundo contrato, de 14 millones de pesos, se destinó a la producción de una serie documental sobre la SCJN. Sin embargo, hasta hoy, dicha serie es prácticamente inaccesible para el público.
El control de la narrativa.
En los denominados “War Rooms” celebrados en la Suprema Corte, Zaldívar era informado personalmente de las estrategias de manipulación en redes: qué temas impulsaban, cuáles atacaban, y cómo respondían a las críticas.
De acuerdo con los documentos, también se perfeccionó su entrada en plataformas como TikTok —aunque públicamente el ministro aseguraba ser el creador de su contenido— y se diseñaron campañas específicas para cerrarle los comentarios y evitar críticas.
Incluso, cuando surgían escándalos, como el intento de censura a la usuaria “Greñitas” en 2020, el equipo Televisa-Metrics montaba operaciones encubiertas para desviar la atención y proteger la imagen del ministro.
Un reflejo preocupante de la justicia en México.
El caso de Arturo Zaldívar revela no solo la corrupción en la construcción de imagen política, sino también el profundo deterioro institucional dentro del Poder Judicial. Que dos dictaminadores de la Suprema Corte trabajaran en Televisa bajo las órdenes de un operador de guerra sucia, financiados con dinero público, es un escándalo de dimensiones enormes.
El Poder Judicial, que debería ser un baluarte de imparcialidad y legalidad, quedó reducido a un aparato de propaganda personalizado.
Hoy, Arturo Zaldívar funge como Coordinador de Política y Gobierno en la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que muestra que la manipulación, lejos de ser sancionada, ha sido premiada.
#TelevisaLeaks no solo exhibe la corrupción de un hombre, sino la captura del sistema judicial por intereses privados y políticos. La credibilidad de la Suprema Corte y del Estado de Derecho en México ha sufrido un golpe brutal. Puedes consultar la investigación completa en Aristegui Noticas.
