NACIONAL.- La presión funcionó. Ante una ola de críticas de organizaciones civiles, expertos, oposición política y ciudadanos en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum dio marcha atrás este viernes a uno de los puntos más polémicos de su propuesta de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al anunciar que se modificará o eliminará el artículo 109, acusado de abrir la puerta a la censura en plataformas digitales.
“En todo caso que se quite el artículo o se modifique la redacción, para que no se arme un escándalo”, dijo la mandataria en su conferencia matutina, en lo que muchos interpretaron como una admisión tácita de error y una reacción directa a la presión mediática y social que envolvió a su iniciativa desde que fue enviada al Senado el pasado miércoles.
El artículo 109 otorgaba a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la capacidad de bloquear temporalmente plataformas digitales por incumplimientos ambiguos, sin necesidad de orden judicial. El texto fue calificado por organizaciones como R3D como un “peligroso mecanismo de censura” comparable con prácticas de regímenes autoritarios.
Una ley a la sombra del autoritarismo.
La ex comisionada del IFT, María Elena Estavillo, cuestionó la concentración de funciones en un solo órgano, mientras que el IDET fue más contundente: advirtió que la iniciativa violaba principios del T-MEC y se asemejaba a los controles informativos en Venezuela y Nicaragua. El artículo también buscaba otorgar concesiones de espectro radioeléctrico por afinidad política, según denunció Artículo 19.
Desde el Senado, la oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— acusó que se trataba de un intento de controlar la narrativa digital. “Se pretende dar a un órgano del Ejecutivo la facultad de bajar redes sociales sin contrapesos ni límite de tiempo”, advirtió el senador Manuel Añorve. La senadora Alejandra Barrales fue aún más directa: “Es un grave atentado contra la libertad de expresión”.
Incluso el empresario Ricardo Salinas Pliego, desde sus medios y redes sociales, acusó al gobierno de querer centralizar la información y silenciar voces incómodas.
Una rectificación a regañadientes.
Durante su mensaje, Sheinbaum intentó defender la iniciativa asegurando que no se trataba de censura, sino de regulación frente a propaganda extranjera. Sin embargo, sus declaraciones evidenciaron el daño ya hecho: “El artículo tiene que aclararse, modificarse, para no dar argumentos de supuesta censura… en todo caso que se quite”.
El reconocimiento público de que el artículo debía eliminarse para evitar el “escándalo” fue leído por analistas como una muestra de improvisación y falta de diálogo previo. La aprobación inicial del dictamen en comisiones del Senado en apenas dos horas y media, sin cambios ni discusión profunda, reforzó las críticas de opacidad.
La presidenta propuso abrir el debate y, si es necesario, convocar a un periodo extraordinario en mayo o junio, buscando frenar el desgaste político y controlar el daño reputacional.
La presión como contrapeso.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales recordó que ya en el pasado, intentos similares como el PANAUT fueron invalidados por la Suprema Corte. La International Chamber of Commerce México pidió un parlamento abierto, exigiendo transparencia y participación ciudadana.
Aunque el gobierno insiste en que no busca censurar, el retroceso de Sheinbaum dejó en evidencia que fue la presión social la que obligó a corregir el rumbo. El debate sobre el futuro de las telecomunicaciones en México apenas comienza, pero la intención de controlar el ecosistema digital ya dejó una primera herida en la imagen de la presidenta.
