El Comité contra la Desaparición Forzada activó por primera vez un procedimiento excepcional para someter a consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas los indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas en México. Las autoridades mexicanas cuestionan los argumentos del organismo y defienden las acciones implementadas para atender la crisis.
INTERNACIONAL.- La crisis de desapariciones en México vuelve a colocarse en el centro de la atención internacional, luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas impulsara un procedimiento extraordinario para presentar ante la Asamblea General de la ONU sus preocupaciones sobre la situación que enfrenta el país.
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, tiene previsto exponer ante la Tercera Comisión de la Asamblea General los elementos que llevaron al organismo a considerar la existencia de indicios fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático.
La decisión ha generado diferencias con el Gobierno de México, que rechaza la interpretación jurídica del Comité y sostiene que no se han valorado adecuadamente las reformas y medidas adoptadas para combatir este delito.
Un procedimiento sin precedentes ante Naciones Unidas.
La actuación del Comité se fundamenta en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que contempla un mecanismo excepcional cuando el organismo recibe información que, a su juicio, contiene indicios fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática en un Estado parte.
Se trata de la primera ocasión en que el Comité recurre a este procedimiento desde la entrada en vigor de la Convención. El mecanismo permite llevar la situación, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas por conducto del secretario general.
Juan Pablo Albán plantea fortalecer la cooperación internacional.
Antes de su comparecencia, Juan Pablo Albán destacó que este procedimiento puede abrir nuevas oportunidades de cooperación internacional para enfrentar las desapariciones.
Entre las áreas que podrían beneficiarse de una mayor colaboración se encuentran la búsqueda y localización de personas desaparecidas, las investigaciones, el esclarecimiento de los hechos y la protección de las víctimas y sus familias.
El Comité había anunciado en abril su decisión de recurrir al artículo 34, al considerar que la información examinada justificaba elevar el asunto a la Asamblea General.
Gobierno de México rechaza interpretación del Comité.
La postura del organismo internacional ha sido cuestionada por el Gobierno mexicano, particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. Las autoridades sostienen que el Comité no tomó suficientemente en cuenta las reformas y acciones emprendidas en México para mejorar los mecanismos de búsqueda, investigación y atención a las familias.
La Cancillería también ha señalado que existe una diferencia de interpretación sobre el concepto jurídico de desaparición forzada, pues considera que el Comité incorpora casos que no necesariamente reúnen los elementos establecidos en la Convención.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, ha manifestado su rechazo a la interpretación del organismo internacional.
Durante la discusión ante la Tercera Comisión, el representante mexicano, Medina Padilla, defendió las medidas implementadas por las autoridades y reiteró que el Gobierno mantiene su compromiso de combatir las desapariciones.
Asimismo, sostuvo que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional y que las autoridades continuarán con las investigaciones y acciones destinadas a sancionar a los responsables.
ONU reconoce avances, pero mantiene su preocupación.
Durante la presentación realizada el martes 20 de octubre, Albán reconoció los avances de cooperación y localización de personas reportados por México, entre ellos la cifra gubernamental de más de 16 mil personas localizadas durante 2026.
No obstante, reiteró la necesidad de mantener la cooperación internacional y de que la situación mexicana sea examinada con carácter urgente por el pleno de la Asamblea General.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, informó que México trabaja con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Familias de personas desaparecidas, en el centro de la discusión.
La jornada también estuvo marcada por un incidente con familiares de personas desaparecidas que acudieron a la sede de Naciones Unidas y fueron retirados de la sala después de mostrar fotografías de sus seres queridos.
Juan Pablo Albán lamentó lo ocurrido y destacó la importancia de escuchar a las víctimas en los espacios internacionales donde se discuten sus derechos.
