NACIONAL.- El Gobierno Federal reconoció que el combustible asegurado en septiembre en una terminal de Grupo Simsa tenía procedencia legal y que el caso no correspondía a una operación de huachicol, como se había dado a entender inicialmente.
La presidente Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) concluyó la investigación y determinó que los 59 millones de litros de combustible eran legales. Aunque reconoció una irregularidad administrativa, señaló que esta fue subsanada.
El operativo, realizado el 4 de septiembre y anunciado públicamente el día 17, había sido presentado como un aseguramiento histórico. Incluso, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anticipó que habría detenciones relacionadas con el caso.
Sin embargo, la empresa había defendido desde el principio la legalidad de sus instalaciones y operaciones. Las irregularidades en el procedimiento provocaron la destitución de Juan Francisco Vera Ayala, entonces delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato.
¿Quién responde por el anuncio?
El cambio de versión deja bajo cuestionamiento la actuación y la comunicación de las autoridades federales, que dieron a conocer un supuesto golpe al huachicol antes de concluir las verificaciones correspondientes.
Lo que se presentó como un decomiso histórico terminó siendo un aseguramiento de combustible legal. Aunque la Fiscalía General de la República es autónoma, el Gobierno federal también participó en la difusión pública del caso.
La aclaración de Sheinbaum confirma que no se acreditó el supuesto origen ilícito del combustible, pero deja una pregunta pendiente: ¿quién asumirá la responsabilidad por haber presentado una investigación inconclusa como un éxito contra el huachicol?
