VALLE DE SANTIAGO.- El gobierno municipal de Valle de Santiago vuelve a quedar en entredicho, esta vez por una denuncia penal que lo acusa de encabezar y encubrir un acto atroz: la ejecución sistemática de perros en situación de calle. Lo que debería ser una política pública de bienestar animal, terminó convirtiéndose (según los denunciantes) en una práctica de exterminio cruel, encubierta y profundamente inhumana.
Este lunes, la coordinadora municipal de Movimiento Ciudadano, María Fernanda Godínez, la delegada municipal de Mujeres, Grecia Flores, y la delegada nacional del partido, Yulma Rocha, presentaron formalmente la denuncia ante el Ministerio Público. Los señalados: el alcalde Israel Mosqueda Gasca, la síndica Paulina Rodríguez Maldonado, Ana Michelle Juárez Mosqueda, titular de Desarrollo CREAT, así como personal operativo del Vivero Municipal, el Centro de Control Animal y demás funcionarios que resulten responsables.
La acusación es contundente: maltrato y crueldad animal sistemática, con testimonios y pruebas ciudadanas que documentan cómo perros callejeros fueron alimentados intencionalmente con vidrio molido, causando muertes lentas y agónicas. Como si eso no bastara, los cuerpos fueron enterrados sin protocolos sanitarios ni legales en terrenos del Vivero Municipal y zonas aledañas al panteón, bajo la completa indiferencia institucional.
“Perros envenenados, enterrados en instalaciones públicas… Esto no es mal manejo. Es un exterminio”, denunció María Fernanda Godínez con firmeza.
A su vez, Grecia Flores fue clara en acusar complicidad y omisión dentro del gobierno local:
“Lo sabían. Y no hicieron nada. Ahora quieren disfrazarlo de ‘sacrificio humanitario’. Pero no hay nada de humanitario sin diagnóstico, sin protocolo, sin compasión.”
Yulma Rocha, representante nacional de Movimiento Ciudadano, urgió no solo a investigar, sino a diseñar políticas públicas verdaderas que dignifiquen el trato animal:
“Esto no es solo un caso aislado. Es el reflejo de un gobierno incapaz, negligente y cruel.”
Las activistas exigen medidas cautelares urgentes para detener cualquier captura o sacrificio de animales, hasta que se garantice transparencia, legalidad y respeto por la vida. Solicitan además que se sancione a los responsables materiales e intelectuales, incluyendo a los funcionarios públicos que, por acción u omisión, permitieron esta barbarie.
En una administración ya señalada por múltiples irregularidades, este caso levanta un nuevo escándalo. Uno que no solo revela el desprecio por la vida animal, sino también el desprecio por la ley, la ética y la responsabilidad pública.
