INTERNACIONAL.- En un fallo que ya está sacudiendo los cimientos del sistema legal estadounidense, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes, en una votación dividida de 6 a 3, que el presidente Donald Trump ponga en marcha su orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento en 28 estados del país.
La resolución, redactada por la jueza Amy Coney Barrett y respaldada por la mayoría conservadora, marca un giro dramático y sin precedentes en la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, vigente desde hace más de 150 años. Esta decisión abre la puerta a que, por primera vez en la historia moderna, hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos no reciban automáticamente la ciudadanía estadounidense.
Aunque la orden no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, el solo hecho de que la Corte permitiera su avance —mientras continúan impugnaciones legales en otras jurisdicciones— representa una de las más significativas victorias políticas de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero.
Un parteaguas legal y político.
La medida firmada por Trump el 20 de enero, su primer día del segundo mandato, fue recibida con una ola de impugnaciones por parte de 22 estados liderados por demócratas, así como por organizaciones pro derechos civiles, inmigrantes y grupos de mujeres embarazadas. Pese a eso, la Corte Suprema se inclinó a favor del Ejecutivo, permitiendo su aplicación temporal en aquellos estados que no han presentado recursos judiciales.
El dictamen también ha puesto en tela de juicio el uso de mandatos judiciales de alcance nacional, una herramienta clave que ha permitido en el pasado bloquear políticas federales de ambos partidos. Jueces tanto liberales como conservadores han expresado reservas sobre su uso, y ahora la Corte parece restringir su aplicación, lo que podría reconfigurar el poder de los tribunales inferiores frente al Ejecutivo.
¿Un paso atrás en derechos constitucionales?
La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Enmienda 14, ratificada tras la Guerra Civil, que establece que “toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción será ciudadana de los Estados Unidos”. En 1898, el caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark sentó jurisprudencia al confirmar ese derecho incluso para hijos de inmigrantes.
Por ello, la decisión de la Corte ha generado una tormenta política, jurídica y social, y ha sido calificada por expertos como “una amenaza directa a los principios fundacionales del país”.
Voces divididas y preocupación social.
Mientras que Trump celebró el fallo como una victoria histórica, señalando que “EE.UU. ya no será el hotel de maternidad del mundo”, líderes de derechos civiles y gobernadores estatales han condenado la medida como un ataque frontal a los valores democráticos y a los derechos humanos.
“El presidente quiere cambiar 150 años de historia con una orden ejecutiva. Es indignante”, señaló el gobernador de California, Gavin Newsom. Organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch ya anunciaron nuevos recursos legales para frenar la aplicación de la orden en los estados afectados.
Incertidumbre para miles de familias.
La mayor preocupación gira en torno a qué ocurrirá con los niños nacidos en los próximos 30 días en estos estados, así como con los trámites de certificados de nacimiento y acceso a servicios públicos. La falta de claridad en la aplicación de la medida ha encendido las alarmas de hospitales, escuelas y oficinas de servicios sociales.
“Esta decisión pone en vilo a miles de familias y genera incertidumbre en uno de los derechos más básicos: el de pertenecer al país donde se nace”, expresó la abogada constitucionalista Cecilia Martínez.
Un momento bisagra.
Aún sin resolver la constitucionalidad de fondo, la Corte Suprema ha permitido que una de las propuestas más controversiales del presidente Trump avance con fuerza. El país se encuentra hoy frente a una potencial transformación histórica en su definición de ciudadanía, en medio de un año electoral y un contexto de creciente polarización política y social. El debate apenas comienza, pero el impacto de este fallo promete resonar por generaciones.
