NACIONAL.- La tarde de este martes 17 de junio, Martha Laura Mendoza, presidenta municipal de Tepalcatepec, fue asesinada a tiros junto a su esposo, Ulises Sánchez Ochoa, a las afueras de su domicilio. El ataque, perpetrado a plena luz del día, deja un saldo más en la creciente ola de violencia que sacude a las autoridades municipales del país.
Según reportes preliminares, un sujeto descendió de un vehículo y abrió fuego directamente contra la alcaldesa, su pareja y una tercera persona que resultó lesionada. A pesar de los llamados constantes por parte de los municipios más vulnerables, el gobierno federal ha fallado en garantizar la seguridad de sus autoridades locales, especialmente en regiones controladas por el crimen organizado.
El asesinato de Mendoza no es un hecho aislado. En lo que va de junio, cuatro alcaldes han sido asesinados en México, y en cada caso, la respuesta oficial ha sido el silencio, el lamento protocolario o la evasión.
Un mes teñido de sangre.
- 15 de junio: Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, fue asesinada en el interior del palacio municipal. También murió Eli García Ramírez, representante de la comunidad de Agua Caliente. El ataque duró apenas seis minutos; fueron 60 disparos y dos motocicletas, sin ninguna detención.
- 6 de junio: Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, Michoacán, fue asesinado junto a su escolta mientras salían de su domicilio. La escena fue descrita como una ejecución directa.
- 2 de junio: Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, Guerrero, falleció tras una semana en estado grave por un presunto intento de asalto. Su muerte fue informada por la propia gobernadora Evelyn Salgado, sin que hasta ahora haya responsables detenidos.
- 15 de mayo: Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, fue emboscado junto a dos policías municipales en un camino rural. El crimen sigue impune.
Un Estado ausente.
Mientras la narrativa oficial insiste en que México está “más seguro que nunca”, los alcaldes están cayendo uno a uno, sin protección, sin justicia y sin respaldo institucional. En los municipios más pequeños, el narco y los grupos armados imponen su ley, sin que el Estado alcance siquiera a intervenir.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido paz y justicia social, pero su gobierno —a días de comenzar formalmente— hereda una espiral de violencia política sin freno, y hasta el momento, no ha presentado una estrategia real para proteger a las autoridades locales.
El asesinato de Martha Laura Mendoza es un recordatorio brutal de que en México ser alcalde o alcaldesa es una sentencia de muerte, sobre todo si se gobierna con dignidad y sin someterse al poder del crimen.
Mientras tanto, los criminales siguen prófugos, los municipios desprotegidos y los discursos oficiales vacíos.
