NACIONAL.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una controversia constitucional presentada por el Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato contra la reciente reforma judicial impulsada por la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso federal y en las legislaturas locales. La controversia, marcada con el número 286/2024, fue aceptada el pasado 27 de septiembre, según un acuerdo publicado el viernes.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, quien asumió el cargo el 26 de septiembre, promovió este recurso legal en contra de la reforma judicial que propone, entre otras modificaciones, la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, un cambio que ha generado amplio debate en los sectores políticos y jurídicos del país.
La reforma judicial en el centro del debate.
La reforma judicial ha sido una de las iniciativas más controversiales del gobierno federal y de la mayoría legislativa encabezada por Morena. Esta iniciativa busca modificar el sistema de designación de jueces, magistrados y ministros, proponiendo que estos sean elegidos por voto directo de la ciudadanía, en lugar de los actuales mecanismos de selección mediante ternas y designaciones por los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Desde que se presentó la propuesta, ha generado críticas tanto de la oposición como de expertos en derecho constitucional, quienes argumentan que la elección popular de los miembros del Poder Judicial podría comprometer la independencia y autonomía del mismo. La gobernadora de Guanajuato, en su recurso ante la Corte, subrayó que este cambio vulneraría los principios fundamentales del sistema judicial en México.
El caso fue turnado a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien previamente ya había elaborado un proyecto sobre la revisión de la constitucionalidad de la reforma judicial.
La postura de la SCJN y las divisiones internas.
El jueves anterior, el pleno de la SCJN aprobó un proyecto del ministro González Alcántara Carrancá que permite al máximo tribunal del país revisar la constitucionalidad de la reforma judicial, a pesar de las posturas divergentes dentro de la Corte. Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres se opusieron a la admisión del proyecto, argumentando que la SCJN carece de facultades para revisar reformas constitucionales, basándose en la interpretación de la Carta Magna.
Reacciones políticas a la decisión de la SCJN.
Tras la decisión de la Suprema Corte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su descontento con la determinación del tribunal, afirmando que “la Corte no está facultada por la Constitución para revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional”. Esta declaración refuerza la posición del gobierno federal, que considera que el tribunal está extralimitando sus funciones al aceptar la revisión de una reforma que, por su naturaleza, modifica la propia Constitución.
A pesar de la crítica de Sheinbaum, cabe recordar que en 2014, durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, figuras clave de su entonces partido, incluyendo a Ernestina Godoy, coordinadores de las bancadas de Morena como Ricardo Monreal y Adán Augusto López, impugnaron una reforma constitucional, lo que deja en evidencia que el uso de este tipo de recursos legales no es ajeno a la historia política reciente.
El camino legal de la controversia.
La admisión de esta controversia constitucional abre la puerta a un proceso judicial que podría durar meses y tener repercusiones significativas tanto en el sistema judicial como en el ámbito político de México. Si bien aún no hay fecha para que el pleno de la SCJN emita una resolución final, este caso se suma a una serie de disputas legales entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, que han caracterizado el sexenio actual.
Para la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, la decisión de presentar este recurso refleja su postura de defensa de los principios tradicionales del sistema judicial. La mandataria ha expresado en diversas ocasiones su compromiso con la independencia del Poder Judicial, postura que comparte con otros gobernadores y políticos de oposición, quienes han criticado la reforma por considerarla una amenaza a la autonomía de jueces y magistrados.
