NACIONAL.- El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, confirmó que México mantiene un contrato comercial vigente para el envío de petróleo crudo a Cuba, el cual, de acuerdo con la empresa productiva del Estado, representó menos del 1% de la producción total durante el último año.
Durante su participación en la conferencia matutina, el funcionario detalló que en 2024 las ventas de crudo y petrolíferos a la isla ascendieron a 496 millones de dólares, cifra que (aseguró) no tiene un impacto significativo en las finanzas de Pemex. Señaló que el acuerdo, vigente desde 2023, es un contrato “abierto”, sujeto a la disponibilidad de la empresa y a las solicitudes del gobierno cubano.
“Es un contrato comercial como los que tenemos con más de 50 países. Cuba paga conforme a lo pactado y no existen adeudos”, sostuvo Rodríguez Padilla, quien rechazó que se trate de una relación irregular o fuera del marco legal.
No obstante, la continuidad de estos envíos ocurre en un contexto internacional adverso, luego de que Estados Unidos anunciara posibles sanciones y aranceles contra países que suministren hidrocarburos a Cuba, al considerar a la isla un tema de seguridad nacional. Pese a ello, el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha optado por mantener el acuerdo, apelando tanto a su carácter comercial como a una supuesta vocación humanitaria.
La mandataria reconoció que el suministro de petróleo a Cuba es mayoritariamente contractual y solo en menor medida humanitario, aunque defendió la postura histórica de México hacia la isla. “A veces se exagera. No hay nada oscuro ni ilegal”, afirmó, al tiempo que aseguró que el país está explorando canales diplomáticos para evitar afectaciones derivadas de la presión estadounidense.
Sin embargo, críticos señalan que la decisión de mantener estos envíos coloca a México en una posición políticamente sensible, al respaldar económicamente a un régimen señalado internacionalmente por violaciones a derechos humanos, mientras Pemex enfrenta una situación financiera compleja y una creciente deuda. Además, cuestionan que el discurso de soberanía y solidaridad se utilice para justificar decisiones que podrían derivar en consecuencias comerciales y diplomáticas para el país.
