NACIONAL.- Una nueva versión del proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha encendido las alertas entre especialistas, usuarios y defensores de derechos digitales, al incluir disposiciones que, si bien aseguran el respeto a la libertad de expresión y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, al mismo tiempo instauran medidas que aumentan el control gubernamental sobre las telecomunicaciones, especialmente en lo referente al acceso a internet, geolocalización y vigilancia de usuarios.
El dictamen, distribuido anoche entre las comisiones del Senado, establece que todos los usuarios que deseen tener acceso al servicio de internet móvil deberán presentar su CURP o, en el caso de empresas, su RFC. Los usuarios extranjeros deberán identificarse con nombre, país de origen y número de pasaporte. Esta medida será obligatoria para que los concesionarios activen o mantengan activas las líneas telefónicas.
Aunque el texto subraya que “las comunicaciones privadas son inviolables” y que “la libertad de expresión no será objeto de persecución judicial ni de censura previa”, también faculta a las autoridades judiciales para intervenir comunicaciones privadas a solicitud de la autoridad federal o del Ministerio Público estatal.
Uno de los puntos más preocupantes para analistas es el mandato que obliga a los concesionarios a colaborar con instancias de seguridad y procuración de justicia para entregar la ubicación geográfica en tiempo real de cualquier dispositivo terminal, así como a conservar los registros de usuarios durante dos años y entregarlos en un plazo máximo de 24 horas cuando así se les requiera.
Además, el nuevo proyecto prohíbe expresamente la transmisión de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, salvo en casos de promoción turística, cultural o deportiva. Esta prohibición también se extiende a plataformas digitales cuyos contenidos se distribuyan en México, lo que generará nuevas reglas sobre qué puede difundirse en redes sociales y servicios de streaming.
La regulación también contempla la creación de una nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, compuesta por cinco comisionados designados directamente por la Presidencia de la República, en sustitución de muchas de las funciones que hasta ahora ejercía el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), considerado un organismo autónomo.
La Secretaría de Gobernación será la encargada de supervisar que los medios nacionales no sean utilizados por gobiernos extranjeros para influir en los asuntos internos del país. La iniciativa también crea una nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que asumirá procesos como la gestión de concesiones orbitales.
Aunque el dictamen no entra en vigor de inmediato, expertos señalan que podría tener graves implicaciones para la privacidad de los ciudadanos y la libertad en internet, especialmente si las medidas de vigilancia y registro se implementan sin controles estrictos ni garantías claras de protección de datos personales.
Varios colectivos de derechos digitales han advertido que vigilarán de cerca el avance del dictamen y no descartan movilizaciones o recursos legales para impedir que algunas de las disposiciones más intrusivas entren en vigor.
