SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.– Representantes de pueblos Chichimeca y Otomí de Guanajuato solicitaron la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que se respete la autonomía de las comunidades indígenas y su derecho a administrar los recursos naturales conforme a sus usos y costumbres, ante lo que calificaron como décadas de saqueo, discriminación e imposiciones de autoridades locales.
Durante la visita presidencial a la comunidad La Cruz del Palmar, en San Miguel de Allende, donde Sheinbaum presentó el Plan de Justicia para los pueblos Chichimeca y Otomí, alrededor de 800 personas, representantes de 110 comunidades originarias de Guanajuato y Querétaro, recibieron a la mandataria, le entregaron el bastón de mando y expusieron sus principales demandas y preocupaciones.
El acto inició con la entrega de la documentación que acredita la creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar, con lo que se dio solución, mediante conciliación, a un conflicto agrario de más de 80 años. Sin embargo, el reconocimiento legal no disipó el reclamo central: el respeto pleno a la autodeterminación indígena.
“En Guanajuato se habla de industria, de progreso y de modernidad, pero se olvida que debajo del asfalto laten nuestras raíces. Hemos resistido el olvido institucional y la discriminación que nos dice que para progresar debemos dejar de ser quienes somos”, expresó Nadia Rodríguez Ramírez, subdelegada de la comunidad Cieneguilla, del municipio de Tierra Blanca.
Comunidades indígenas denunciaron además rezago social, crisis ambiental y la imposición de autoridades municipales que no reconocen su derecho a elegir representantes mediante usos y costumbres. Habitantes de la comunidad Cieneguita, en San Miguel de Allende, acudieron con pancartas para exigir la intervención presidencial ante la imposición de Jesús Apoderado como delegado comunitario, a quien acusan de desviar recursos públicos.
“No se siguieron los usos y costumbres. Llegó un recurso para caminos que debía cubrir casi toda la comunidad, pero una parte se destinó a un área privada. Hay desvío de recursos”, denunció una representante, quien portaba un expediente para entregarlo a la presidenta.
Rodríguez Ramírez también alertó sobre la migración forzada de jóvenes, la pérdida de lenguas indígenas por falta de maestros y espacios educativos dignos, así como la invisibilización de los pueblos originarios, mientras sus territorios y recursos naturales son utilizados para fines industriales.
“La tierra es nuestra madre y hoy está enferma y amenazada. Vivimos una crisis hídrica severa: el agua se destina a grandes industrias y exportadoras, mientras nuestros pozos se secan y las milpas mueren de sed”, afirmó. Añadió que defender el territorio es defender la vida, y pidió que el desarrollo no implique la destrucción de cerros ni la contaminación de ríos.
Entre las demandas centrales estuvo el reconocimiento de la autonomía para decidir sobre el cuidado de bosques, la administración del agua y la impartición de justicia comunitaria bajo usos y costumbres, petición que fue respaldada con aplausos por las y los asistentes.
“Seguimos vivas a pesar de siglos de intentos por borrarnos o convertirnos en piezas de museo. Nuestra existencia es un acto de resistencia”, subrayó la representante indígena.
Las comunidades solicitaron que al Plan de Justicia se sumen viviendas dignas con servicios básicos, centros de salud con personal y medicamentos, certeza jurídica sobre la tierra y el resguardo de sitios sagrados.
En su respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó algunas de las peticiones, aunque no se pronunció de manera directa sobre el reconocimiento de la autonomía indígena. No obstante, se comprometió a emitir un decreto para el resguardo de lugares sagrados, a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como a dar seguimiento a trámites de certeza en la tenencia de la tierra, dotación de agua potable y la instalación de gasolineras del Bienestar.
