ESTADOS.- La ciudad fronteriza vive uno de sus momentos más oscuros. La indignación, el dolor y la incertidumbre se apoderaron este martes de cientos de familias tras el hallazgo de 383 cuerpos apilados y sin incinerar en un crematorio de Ciudad Juárez. El descubrimiento ha desatado un escándalo de dimensiones humanas y legales, luego de revelarse que al menos seis funerarias de la localidad podrían estar involucradas en el mal manejo de restos humanos, a pesar de haber cobrado por su correcta disposición.
Las escenas son dramáticas: madres, viudas y hermanos llegan uno tras otro a la Fiscalía del Estado, con las urnas en las manos, enfrentando una nueva ola de duelo al dudar si las cenizas que guardan en casa realmente pertenecen a sus seres queridos.
Una de ellas, Lorenza Elena Cibrián Puentes, acudió en busca de respuestas. Su esposo, Raúl Rodríguez Irneros, falleció en febrero del año pasado. “Nos entregaron la cajita de cenizas, pero no sabemos si es él. Se siente un dolor que no se puede describir”, expresó con la voz entrecortada.
En la misma fila, Josefina Núñez, madre de Melisa Angélica Villalobos Núñez, fallecida en 2020, confiesa que siempre tuvo dudas. “La llevamos a Protec Deco, ellos dijeron que la iban a incinerar ahí, pero no me dejaron entrar. Pasaron 15 días para entregarme la urna”, recordó. “Es revivir todo… el duelo, la rabia, la impotencia”, lamentó. “Uno espera un trato digno. No esto”.
Exigen justicia.
Desde la sociedad civil, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte tomó la voz de las familias para exigir una investigación profunda y justicia plena. Su directora, Silvia Méndez, calificó la situación como una tragedia de “dimensiones forenses y éticas”.
“Estamos aquí para acompañar a las familias en esta incertidumbre. Queremos saber si los restos que recibieron son realmente los de sus familiares. Cada una de estas 383 personas tenía una identidad, una historia, una familia. No son cifras. Son vidas”, declaró.
Méndez también criticó la postura del Fiscal General del Estado, quien minimizó la posibilidad de que entre los restos se encuentren personas desaparecidas. “Ciudad Juárez tiene más de 1,300 personas desaparecidas. ¿Cómo pueden descartar tan rápidamente esa posibilidad?”, cuestionó. También advirtió que la falta de regulación en funerarias y crematorios podría abrir la puerta a prácticas criminales como la desaparición forzada.
Crisis de confianza.
El hallazgo ha abierto una herida profunda en la relación entre la ciudadanía y las autoridades, en un contexto nacional marcado por la crisis forense, el rezago en identificaciones y la desconfianza institucional. Activistas, expertos forenses y familias coinciden en que este caso no puede cerrarse con sanciones administrativas ni con declaraciones políticas: exige justicia real y reparación del daño.
La clausura del crematorio es apenas el inicio. La exigencia de los colectivos y familiares es clara: identificar los cuerpos, esclarecer responsabilidades penales y garantizar que jamás se repita una tragedia como esta.
Por ahora, mientras las urnas se apilan en salas y recámaras con la sombra de la duda, una pregunta sacude los cimientos de la dignidad humana: ¿A quién le entregamos los restos de nuestros muertos?
