NACIONAL.- En una sesión marcada por el debate y la controversia, el Senado de la República aprobó una reforma impulsadas por Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, que fue señalada como “regresiva” y “autoritaria” por la oposición. Con estas reformas, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum busca enfrentar temas judiciales y fortalecer el control de cambios constitucionales, lo cual ha generado una fuerte reacción en el ámbito político.
Con 81 votos a favor y 34 en contra, el Senado aprobó una medida que permite a la presidenta Claudia Sheinbaum ignorar una orden emitida por la jueza federal Nancy Juárez Salas, quien había instruido la retirada de la reciente reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF). La consejera jurídica Ernestina Godoy argumentó que eliminar una publicación del DOF sería “imposible” debido a las normas de inalterabilidad, lo que motivó la consulta al Senado para obtener una autorización que permita la omisión de dicha orden.
Este paso ha sido fuertemente criticado por la oposición. La senadora Carolina Viggiano, del PRI, calificó la medida como una “triquiñuela” para eludir un mandato judicial, mientras que el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró que en lugar de recurrir al Senado, la Presidencia debería agotar los recursos legales. La aprobación de esta medida ha sido señalada como un precedente de riesgo, pues podría sentar una base para la falta de cumplimiento de decisiones judiciales.
Morena también aprovechó su mayoría para aprobar una reforma constitucional de “supremacía”, prohibiendo que se presenten amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad contra cualquier reforma a la Constitución en el futuro. La votación cerró con 85 votos a favor, 41 en contra y dos ausencias (una de Morena y una del PRI).
Los opositores, encabezados por figuras como el excandidato presidencial Ricardo Anaya, advirtieron sobre el impacto que esta reforma tendría en los derechos ciudadanos y en el sistema de justicia. “Esta medida elimina cualquier defensa ciudadana ante cambios constitucionales”, advirtió Anaya, quien además alertó que si una reforma constitucional afecta los derechos de los ciudadanos, ya no habría recursos legales para revertirla.
El bloque mayoritario de Morena argumenta que ambas medidas buscan fortalecer la estabilidad legal y la autonomía del gobierno en asuntos constitucionales. Sin embargo, la oposición ha señalado que estas reformas representan un retroceso en el equilibrio de poderes y un debilitamiento del sistema judicial. Las reformas ahora serán enviadas a la Cámara de Diputados para su análisis y posterior votación.
Organizaciones civiles y expertos en derecho constitucional han expresado su preocupación sobre el impacto de estas decisiones. La prohibición de recursos legales contra reformas constitucionales es vista por algunos como una restricción al derecho ciudadano de impugnar cambios que podrían afectar la democracia y los derechos humanos. Otros señalan que la autorización para incumplir una orden judicial debilita la independencia judicial y sienta un precedente peligroso.
Con estas reformas, el gobierno de Sheinbaum enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su compromiso con la transparencia y el respeto al Estado de derecho. En las próximas semanas, el país será testigo del debate en la Cámara de Diputados, donde los opositores intentarán frenar estas reformas o, al menos, abrir una discusión que permita explorar otras alternativas menos polémicas para la resolución de conflictos entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
